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El proceso de reforma judicial en Afganistán: En beneficio de todos

David Nauta revisa las necesidades del sistema judicial afgano, desde la corrupción hasta las deficiencias de las prisiones, analizando el modo en el que el gobierno afgano y la comunidad internacional llevan a cabo su reforma.

NATO/ISAF

Debe prestarse más atención al desarrollo de las estructuras policiales y judiciales afganas.

El estado actual de Afganistán se debe en parte a la forma en la que le ha tratado la comunidad internacional. Tras la retirada de la Unión Soviética y el subsiguiente abandono por parte de EEUU, Arabia Saudita y Pakistán, el país se vio sumido en la pobreza y la inestabilidad. El resurgimiento del extremismo islámico y los ataques terroristas contra EEUU lo convirtieron en un elemento esencial dentro de las relaciones internacionales, y ahora todos los países tienen un gran interés por su reconstrucción, su desarrollo a largo plazo y la forma de asegurar que no vuelva a estallar un conflicto.

El compromiso actual de la comunidad internacional con el desarrollo de Afganistán queda demostrado por los continuos esfuerzos de la OTAN con su misión de la ISAF (Fuerza Internacional de Ayuda a la Seguridad), las Naciones Unidas con su Misión de Ayuda a Afganistán (UNAMA), los países del G8 y otras organizaciones internacionales con sus aportaciones de fondos, y cientos de ONG con su colaboración sobre el terreno.

Sin embargo, la amenaza permanente que representa la floreciente economía del narcotráfico y la criminalidad junto a los ataques de las fuerzas opositoras añaden aún más dificultades al reto de reconstruir Afganistán como un estado seguro y estable.

Faltan recursos humanos capaces de impulsar las reformas democráticas, y algunas tradiciones locales provocan la marginación de grandes colectivos por causa del género, estatus social o etnia

El alto grado de corrupción, criminalidad y descontento popular es una manifestación de las causas estructurales subyacentes del conflicto. El mal gobierno, la inexistencia de un estado de derecho y la falta de respeto hacia los derechos fundamentales son cuestiones a abordar si se quieren evitar más conflictos y tensiones. El gobierno afgano y la comunidad internacional se están centrando en esas causas primigenias, pero las estructuras de gobierno del país se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo y no pueden frenar la inseguridad política. Faltan recursos humanos capaces de impulsar las reformas democráticas, y algunas tradiciones locales provocan la marginación de grandes colectivos por causa del género, estatus social o etnia. Un ejemplo reciente de esta situación es la propuesta de ley que legalizaría la violación conyugal.

Prioridades de desarrollo y reforma judicial

El gobierno afgano ha establecido una estrategia de desarrollo para abordar las causas últimas de la inestabilidad, la Estrategia para el Desarrollo Nacional de Afganistán (ANDS), basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y que sirve como Documento Estratégico para la Reducción de la Pobreza.

NATO/ISAF

La formación desempeñará un papel clave en la reconstrucción del sistema judicial afgano.

La ANDS establece tres segmentos de actuación;

  • seguridad
  • gobernabilidad, estado de derecho y derechos humanos
  • desarrollo social y económico

Así resulta más fácil clasificar las necesidades de desarrollo y ayuda a los ministerios, donantes, organizaciones internacionales y ONG, así como a la sociedad civil afgana, a la hora de identificar posibles áreas de trabajo y cooperación.

La reforma judicial, que forma parte del tercer segmento, se inició con la formación de la judicatura afgana y la codificación de las leyes. Se han conseguido progresos importantes en la disponibilidad de personal cualificado y en la legislación codificada.

Desgraciadamente, las actuaciones de los donantes no han estado coordinadas con las instituciones legales afganas, con lo que ha faltado la dirección local del proceso. No se han realizado unas consultas adecuadas con el gobierno afgano ni se han tenido apenas en cuenta sus objetivos o prioridades.

Otro motivo de preocupación es si los esfuerzos permitirán conseguir el tan ansiado sistema judicial. La corrupción que lo ha invadido impide que se pueda aplicar correctamente la ley, con lo que los narcotraficantes e insurgentes pueden mantener su libertad e impunidad. El gobierno afgano ha tomado medidas al respecto aprobando diversos decretos anti corrupción, pero está por ver si habrá cambios en un futuro próximo. Podrían producirse algunos resultados si la economía del país crece lo suficiente para poder ofrecer salarios competitivos a jueces y policías. El sueldo mensual de un patrullero es de 5.000 afganis (100 dólares), mientras que el afgano medio viene a ganar unos 40 dólares al mes. Pero una familia puede ganar fácilmente hasta 600 dólares mensuales con el cultivo de amapolas.

Los afganos valoran el concepto de “equidad” y prefieren usar los sistemas extraoficiales, dado que consideran que el sistema gubernamental es tremendamente corrupto

La integración de la sharia en el sistema judicial

Ante la ausencia de un sistema judicial oficial organizado, los afganos confían en unas prácticas judiciales más tradicionales e informales. El acuerdo de Bonn reconoce la existencia de tales prácticas, pero especifica que este sistema no puede ser aplicado cuando se contraponga a lo previsto en la Constitución de Afganistán o los estándares legales internacionales.

La mayoría de los pleitos resueltos por las yirgas –consejos de representantes elegidos por los pueblos de la zona– son contenciosos civiles, incluyendo conflictos familiares y casos criminales, en los que se aplican los usos locales y la sharia como fuentes de derecho. La autoridad de sus sentencias deriva de la presión social y su relación con las autoridades civiles encargadas de aplicar la ley. Los afganos valoran el concepto de “equidad” y prefieren usar los sistemas extraoficiales, dado que consideran que el sistema gubernamental es tremendamente corrupto.

NATO/ISAF

Ley y orden en Afganistán: sin ellos no puede existir un estado seguro.

La parte negativa del sistema extraoficial es que no exige el stare decisis (el principio de jurisprudencia, que obliga a los jueces a seguir los precedentes establecidos en casos previos) ni la publicidad de las sentencias, lo que provoca una sensación de incoherencia y arbitrariedad entre los afganos. También existen diferencias llamativas con los procedimientos occidentales habituales, como el considerar menos fiable el testimonio aportado por una mujer.

Las prácticas jurídicas informales tienen una influencia considerable sobre la vida diaria de las personas y las comunidades. Aunque no estén a la altura de los estándares internacionales sobre derechos humanos, sería un error abolirlas. En los países que han pasado por un conflicto y cuyos mecanismos oficiales han desaparecido o dejado de funcionar, los sistemas informales han asumido su función y a menudo resultan esenciales para restaurar un cierto grado de seguridad jurídica. Estos sistemas tienen un papel importante a desempeñar en el conjunto del sistema judicial.

Constituyen una forma eficaz de reducir conflictos, cuando se centran en pleitos a resolver mediante la negociación o la mediación, en vez de los fallos con ganadores y perdedores de los sistemas oficiales. En Afganistán el sistema informal ha demostrado ser menos corrupto, y la población tiene más confianza en él.

Siendo realistas podemos calcular que la reconstrucción del sistema judicial llevará al menos dos décadas. Mientras tanto el sistema informal representa una alternativa a tener en cuenta, así que habría que desarrollar nuevas estrategias para aprovechar esas estructuras informales a la vez que se impulsan las reformas.

De acuerdo a los estándares occidentales, las condiciones de los centros penitenciarios son desde inadecuadas hasta extremadamente malas en algunos lugares

Una tarea aparentemente más sencilla es la reconstrucción de las instalaciones penitenciarias. Desgraciadamente, tras treinta años de conflicto no resultan sorprendentes los informes negativos de la Media Luna y Cruz Roja Internacionales (ICRC) sobre el estado de las prisiones:

  • Celdas a menudo superpobladas y sin apenas mantenimiento.
  • Detenidos con acceso limitado o nulo al aire libre
  • Comida de muy poca calidad
  • Las autoridades de las prisiones no pueden garantizar un cierto grado de privacidad
  • Muchos detenidos enferman por falta de higiene
  • Las instalaciones siguen siendo muy elementales, apenas proveen necesidades básicas como el agua potable y los servicios sanitarios

De acuerdo a los estándares occidentales, las condiciones de los centros penitenciarios son desde inadecuadas hasta extremadamente malas en algunos lugares. Existen programas específicos encaminados a mejorar esas condiciones, pero a menudo son respuestas a situaciones de emergencia, en vez de una solución general para un problema nacional.

Un planteamiento global

Al inicio de la campaña de Afganistán las Naciones Unidas no asumieron una función de liderazgo, a diferencia de lo ocurrido en otras misiones, limitándose a un papel de coordinación. Este planteamiento podría funcionar de forma eficaz, pero las Naciones Unidas tienen que coordinarse no sólo en el terreno operativo, sino también en el estratégico. Aunque la UNAMA colabore con la ISAF, los responsables de los programas de los países del G8 y la EUPOL, las Naciones Unidas tienen que coordinar sus trabajos a nivel ministerial con el G8, la OTAN y la UE, para garantizar la financiación, el compromiso y el ajuste de final de los objetivos estratégicos.

Un ejemplo de actuación en la que la coordinación sería más eficaz es el de la primera Comisión para la Reforma Judicial, que fracasó por la falta de compromiso de los participantes. El sector judicial sólo ha recibido un pequeño porcentaje de la financiación otorgada a los proyectos de reforma, lo que ha dificultado su implementación exitosa en el país.

Por último, la plena integración de los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos y de la sharia en la legislación afgana constituye un problema importante. Ese sistema informal puede desempeñar un papel valioso a la hora de resolver pequeños pleitos civiles mientras el gobierno se ocupa de los casos criminales. Hay que incorporar los estándares internacionales a todos los aspectos de la legislación y la práctica judicial en Afganistán, pero el reciente intento de legalizar la violación conyugal ha provocado serias dudas sobre si los métodos usados hasta ahora para ayudar al gobierno afgano siguen realmente el rumbo adecuado.

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