Probablemente el mayor problema a largo plazo al que se enfrenta Afganistán es la producción ilegal de drogas y las redes mafiosas que la acompañan, hasta el punto de que el Presidente Hamid Karzai lo reconoció dos días después de su toma de posesión, en diciembre de 2004, colocando esta cuestión a la cabeza de su lista de prioridades y declarando una jihad contra el cultivo de opio y la producción y tráfico de drogas.

Desde entonces se han intensificado los esfuerzos en la lucha contra las drogas y se han conseguido algunos progresos, pero al mismo tiempo según se va tomando conciencia de la magnitud del problema van quedando en evidencia las limitaciones de las políticas aplicadas.

Las actividades de la OTAN en Afganistán pretenden garantizar la paz y la estabilidad del país mediante los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la Fuerza de Internacional de Ayuda a la Seguridad (ISAF), así que debe tener en cuenta la cuestión del cultivo y tráfico de drogas en sus zonas de actuación. Cualquier amenaza contra el gobierno de Afganistán y sus esfuerzos para conseguir un estado eficaz y democrático representa al mismo tiempo una amenaza contra la presencia de la OTAN. Y el cultivo de opio constituye también una amenaza directa para la población de los países Aliados en su propio territorio.

Las estadísticas de 2005 son reveladoras: según la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas (UNODC), el 87 % de la producción mundial de opio y el 63 % de su cultivo mundial se ubican en Afganistán. Se calcula que el 52% del Producto Interior Bruto del país, unos 270.000 millones de dólares USA, procede del cultivo ilegal de amapolas. Y la producción de opio se ha disparado desde la expulsión de los talibanes en 2001: sólo en 2004 la producción de opio se incrementó un 64 %, alrededor de unas 4.200 toneladas, frente a las 185 toneladas de 2001 a partir de la prohibición del cultivo impuesta por el régimen talibán.

Es cierto que la producción de opio disminuyó ligeramente en 2005, aproximadamente hasta las 4.100 toneladas. Pero no debemos interpretar ese dato como una tendencia positiva pues se debió al exceso de oferta de opio en el mercado mundial y a las malas cosechas a causa de los terribles vendavales. De hecho, se espera que el cultivo del opio en Afganistán vuelva a aumentar durante este año como consecuencia de la situación económica y la presión de las mafias sobre los agricultores.

Intervención internacional

Dada la gravedad del problema resulta esencial actuar de forma inmediata. Aunque las autoridades afganas sean las responsables últimas en la lucha antidroga, la comunidad internacional tiene también un importante grado de responsabilidad al respecto y, de hecho, está colaborando en los esfuerzos del gobierno afgano en este campo.

Reino Unido, en su calidad de nación líder en la lucha antidroga dentro del G-8, es quien ha llevado la dirección del proceso, contando también con la implicación de Estados Unidos. Ambos países han apoyado al gobierno afgano proporcionándole fondos para programas para el desarrollo de medios de vida alternativos y entrenando a su Fuerza Especial Antidroga. También le han ayudado en la formación la que ya se ha convertido en la principal agencia policial contra las drogas de este país, la Policía Antinarcóticos de Afganistán, han contribuido a crear una Fundación Antidroga y, junto a Italia y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas, han creado un Grupo de Trabajo de Justicia Penal.

Pero resulta esencial que muchos más países y organizaciones internacionales se involucren en estos esfuerzos y que lo hagan de una forma coordinada. Y la OTAN no puede mantenerse apartada del tema aunque sólo sea por su presencia en Afganistán a través de la ISAF. El Plan de Operaciones 10302 -el documento marco que marca las directrices para la actuación de las unidades de la ISAF al ampliar su zona de actuación en el sur de Afganistán, una de las mayores zonas de cultivo de la amapola- especifica el papel de las fuerzas de la OTAN en la ayuda a los afganos en la lucha antidroga: apoyo logístico, intercambio de inteligencia e información, y ayuda para el entrenamiento del Ejército Nacional Afgano y la policía en los procedimientos de las operaciones antidroga. Pero aunque la ISAF realice estas funciones, sus fuerzas deben evitar implicarse en las actividades antidroga hasta el punto de que se vea reducida su capacidad para llevar a cabo sus misiones principales.

Por supuesto que el éxito final dependerá del grado de compromiso del gobierno afgano con la erradicación el problema, y debe ser Kabul quien dirija la lucha y aumente el protagonismo de los afganos en las cada vez más numerosas actuaciones antidroga. Las autoridades afganas deben continuar desarrollando sus capacidades gubernamentales y locales en esta área para demostrar que están incrementando realmente su capacidad de luchar contra las drogas.

Hasta ahora el gobierno afgano ha mostrado algo más que buenas intenciones para enfrentarse a lo que considera una prioridad fundamental. En la Conferencia de Londres sobre Afganistán celebrada en el mes de enero, firmó el Pacto por Afganistán, un plan ambicioso que pretende conseguir, contando con la ayuda internacional, un futuro mejor para este país en el que haya desaparecido completamente el problema de las drogas. Con este fin se comprometió a alcanzar una serie de parámetros de referencia en la lucha antidroga entre los que se incluyen: la potenciación de sus capacidades policiales; la cooperación y coordinación con los países vecinos; una reducción anual significativa de la superficie dedicada al cultivo de la amapola; y el incremento del número de detenciones y procesamientos de traficantes y funcionarios corruptos.

A principios de este año el gobierno afgano actualizó su Estrategia Nacional para el Control de las Drogas centrándose en cuatro prioridades: fortalecimiento de las instituciones estatales; desarticulación del tráfico de drogas; fomento de fuentes de ingresos alternativas para los cultivadores; reducción de la demanda de narcóticos y desarrollo de tratamientos para los drogadictos. Además se ha desplegado en varias regiones la Fuerza Central para Erradicación del cultivo de amapola para garantizar que se lleva a cabo la eliminación manual de las cosechas de opio. También la Fuerza Especial Antidroga ha realizado con éxito varias actuaciones policiales contra las drogas.

No obstante, todavía está por ver la eficacia de estos esfuerzos y si de verdad van a desempeñar un papel significativo en la reducción del problema de la droga en Afganistán. Mientras tanto los funcionarios deberán esforzarse en implementar medidas eficaces a largo plazo, mantener el impulso conseguido y asegurarse de que la mayoría de la población apoya sus esfuerzos antidroga.

Medios de vida alternativos

Una política antidroga eficaz en Afganistán debe dirigirse contra los barones de la droga y no contra los campesinos. Por eso cualquier programa de erradicación tiene que planificarse e implementarse junto a programas que fomenten fuentes de ingresos alternativas factibles para que los agricultores pobres -que representan casi el 10 % de la población de Afganistán- se ganen la vida de un modo legal, garantizando así que no vuelven a recaer en el cultivo de la amapola y amortiguando el impacto que supondrá la reducción de los ingresos obtenidos gracias al opio. Y por supuesto debe existir un equilibrio adecuado entre "zanahorias" y "palos" para tener la certeza de que los afganos están convencidos y deseosos de cooperar en la campaña antidroga.

El Presidente Karzai ha dejado claro lo importantes que son los programas de fomento de fuentes de ingresos alternativas, solicitando que los esfuerzos internacionales se concentren en este campo. El gobierno afgano ha prometido unas ayudas a los agricultores que decidan renunciar al cultivo del opio que luego no ha sido capaz de entregar, y a pesar de todo ha proseguido la destrucción de los campos de amapolas. Este tipo de actuaciones puede acabar con la paciencia y buena voluntad de los agricultores que han abandonado voluntariamente este cultivo sin que se les haya ofrecido un modo alternativo de ganarse la vida, lo que constituye un mal precedente. Y la comunidad internacional, por su parte, no ha aportado todavía fondos suficientes para cubrir las necesidades de la totalidad de Afganistán.

Por supuesto que los fondos necesarios para proporcionar un medio de vida alternativo a todos los agricultores que cultivan opio en ese país y garantizar que no vuelven a sus actividades ilegales resultan tan ingentes que probablemente nunca se consigan reunir. Y los afganos son conscientes de que pueden obtener más beneficios de la amapola que de cualquier otro cultivo. De ahí la importancia de una postura enérgica que fomente otras fuentes de ingresos alternativas y convenza a los agricultores de mantenerse permanentemente alejados del cultivo de productos ilegales.

Pero no parece probable que los agricultores y los capos de la droga renuncien pacíficamente a sus pingües beneficios, y los medios de los que dispone el gobierno afgano para enfrentarse a las voces disidentes son limitados; la corrupción sigue siendo endémica a pesar del paquete de medidas aprobadas en el Pacto por Afganistán; y la Fuerza Central para Erradicación del cultivo de amapolas y la Policía Antinarcóticos de Afganistán, que siguen constituyendo unas fuerzas de pequeño tamaño, encuentran muchas dificultades para enfrentarse a la oposición. De hecho, el año pasado el gobierno afgano se vio obligado a suspender su campaña de erradicación en la provincia de Kandahar cuando una manifestación de agricultores furiosos degeneró en una serie de enfrentamientos con la policía. Y sigue pendiente la reforma de la justicia, esencial para la lucha antidroga al posibilitar el procesamiento de los traficantes. Así que la implementación de los programas dependerá en gran medida de la buena voluntad y cooperación de las autoridades locales y los líderes tribales.

El tema del cultivo y tráfico de drogas en Afganistán es bastante complejo y podría acabar iniciando una espiral incontrolable. Las soluciones requieren planteamientos a largo plazo, multifacéticos e innovadores tanto por parte del gobierno afgano como de la comunidad internacional. Todos los implicados tendrán que demostrar su compromiso durante los próximos años. Pero esta resolución resultará cada vez más difícil de mantener con unos resultados muy difíciles de percibir a corto plazo mientras la atención internacional se va desvaneciendo y la fatiga hace mella en los donantes. no son fáciles de percibir, la atención internacional disminuye, aparece el desánimo y cunde el cansancio entre los donantes. Pero mientras este problema siga pendiente de resolución, el entorno de seguridad de Afganistán exigirá la presencia de una fuerza internacional de estabilización.