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Mientras el ex Presidente yugoslavo Slobodan Milosevic se enfrenta a un juicio en La Haya, Christopher Bennett examina en dos libros recientes la eficacia de los tribunales para crímenes de guerra
Hace casi diez años, las imágenes de
televisión en Bosnia-Herzegovina mostraban a hombres
enflaquecidos, acurrucados tras el alambre de espino y
rodeados por guardias armados. Evocaban las visiones del
Holocausto y escandalizaron al mundo entero. La respuesta
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras
los defensores de los derechos humanos exigían
que se hiciese algo fue crear en octubre de 1992 una "comisión
de expertos" para reunir pruebas sobre los crímenes
de guerra en la antigua Yugoslavia. Ya entonces, había
un nombre que sobresalía por su responsabilidad
en las matanzas y atrocidades que caracterizaron las guerras
que condujeron a la disolución de Yugoslavia: Slobodan
Milosevic.
El entonces presidente de Serbia fue apodado el "Carnicero de los Balcanes" por la prensa occidental al poco de estallar la guerra en Bosnia-Herzegovina (en adelante, Bosnia) y calificado de criminal de guerra en diciembre de 1992 por el entonces Secretario de Estado de EEUU, Lawrence Eagleburger. Sin embargo, Milosevic siguió gobernando durante ocho años más y avivando el conflicto hasta su expulsión del poder en octubre de 2000, tras un intento de fraude electoral. Además, hasta que la OTAN no intervino en Bosnia mediante una campaña aérea de dos semanas de duración en agosto y septiembre de 1995, no se interrumpieron las matanzas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución estableciendo en La Haya "un tribunal internacional para la persecución de las personas responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos, cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991", al que ahora habitualmente se denomina Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (ICTY).
A pesar de los escasos recursos iniciales y los tibios
apoyos de los primeros años, junto a la abierta
hostilidad de la mayoría de los Estados en los
que se dividió la antigua Yugoslavia, el ICTY se
ha convertido en una importante institución con
más de 1.200 empleados y un presupuesto anual que
supera los 100 millones de dólares USA. Su principal
encausado, el propio Milosevic, fue trasladado a La Haya
el 28 de junio de 2001, y desde febrero de 2002 está
siendo juzgado por crímenes contra la humanidad,
violaciones graves de la Convención de Ginebra,
violación de los usos y leyes de la guerra y genocidio,
en un proceso en el que ha decidido defenderse a sí
mismo ante un tribunal cuya autoridad no reconoce.
El proceso a Milosevic tiene mucho de gran teatro. La zona del público está casi siempre atestada, y los periodistas que cubren el juicio se han ido acostumbrando a recibir una provisión regular de temas para sus artículos. También supone un hito legal, pues nunca antes un jefe de Estado había sido imputado, detenido y juzgado por un tribunal internacional. Esto ha constituido un precedente para las actividades futuras del Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, ¿hasta que punto los juicios por crímenes de guerra en el ICTY les sirven de algo a las numerosas víctimas, vivas y muertas, de las guerras de la ex-Yugoslavia? ¿Ayudan o perjudican a los procesos de paz en curso? Y ¿en qué grado contribuyen, si es que lo hacen, a la reconciliación y la reconstrucción?
Dos libros recientes - "La llave de la casa de
mi vecino: BUSCANDO JUSTICIA EN BOSNIA Y RUANDA"
(Picador USA, New York, 2001) de Elizabeth Neuffer y "Contén
el brazo de la venganza: LA POLITICA DE TRIBUNALES PARA
CRIMENES DE GUERRA" (Princeton University Press,
Princeton, 2000) de Gary Bass - intentan contestar a estas
preguntas y probablemente sean los primeros de una avalancha
de libros sobre este tema. El primero es el informe de
una periodista sobre la experiencia de gente corriente
de Bosnia y Ruanda que pide justicia tras el fin de los
conflictos y quiere testificar ante un tribunal internacional
sobre su terrible experiencia. El segundo es el estudio
de un investigador sobre los tribunales para crímenes
de guerra, desde el destierro de Napoleón en Santa
Elena pasando por Leipzig y Constantinopla, después
de la Primera Guerra Mundial, y Nuremberg, al acabar la
Segunda Guerra Mundial, hasta La Haya en nuestros días.
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Neuffer es una periodista del Boston Globe que cubrió los conflictos de Bosnia y Ruanda durante más de cinco años. En Bosnia recogió las historias personales de tres bosnios, uno de ellos Hasan Nuhanovic, un intérprete de las Naciones Unidas en Srebrenica, cuyo puesto le permitió sobrevivir a la masacre en la que perecieron sus padres y desapareció su hermano. En Ruanda hizo lo mismo con Anonciata Kavaruganda, una mujer hutu cuyo marido Joseph, presidente del Tribunal Supremo del país, fue arrancado a la fuerza de su casa en Kigali (capital de Ruanda), por soldados hutus, para ser después asesinado sin que las tropas de paz de las Naciones Unidas intervinieran. También relató la historia de la testigo JJ, una mujer tutsi que fue repetidamente violada por un grupo de milicianos hutus, cuyo testimonio ayudó a fundamentar la primera condena por genocidio tras un juicio en un tribunal internacional, en el que por primera vez se definió la violación como acto de genocidio.
Estas historias, y muchísimas otras en Bosnia
y Ruanda, constituyen un impresionante y desgarrador ejemplo
de la crueldad humana. Todavía hoy nos sigue impresionando,
cuando han transcurrido ya siete años desde julio
de 1995 el relato de los hechos de Srebrenica, donde fueron
ejecutados sumariamente 8.000 adultos y jóvenes
musulmanes. El horror de la masacre, reconstruida a partir
de las descripción de los que vieron excavar los
enterramientos masivos, la indiferencia y mentiras de
los responsables, a los que Neuffer buscó y entrevistó,
y el sentimiento de haber sido traicionados por la comunidad
internacional, como en el caso de Nuhanovic, hacen que
su lectura sea al tiempo irresistible y sobrecogedora.
Resulta difícil no llorar ante la imagen de un
desesperado Nuhanovic despidiéndose de sus padres
y hermano, a los que nunca volvería a ver.
Mientras que las Naciones Unidas como organización
salen malparadas en el libro de Neuffer, se reconocen
los méritos de algunos de sus funcionarios, como
es el caso de Gabrielle Kirk McDonald, la juez que presidió
el primer juicio. Una de sus preocupaciones fue la de
si su trabajo, y el del tribunal, tendrían algún
efecto donde de verdad importaba, en Bosnia y en el resto
de la antigua Yugoslavia. De hecho, en gran parte gracias
a los esfuerzos de McDonald, el ICTY lanzó en 1999
un ambicioso programa para explicar su trabajo a los ciudadanos
de la antigua Yugoslavia. Muchos de los bosnios y ruandeses
que aparecen en el libro de Neuffer mantienen sentimientos
encontrados hacia la justicia internacional, sobre todo
con respecto al ritmo al que actúa. Kavaruganda,
en un paso sin precedentes, demandó a las Naciones
Unidas por no haber sido capaces de proteger a su marido,
y varios de los testigos preferirían ahora sustituir
los juicios por una comisión de la verdad.
Para McDonald, lo más frustrante es la ausencia de los imputados más importantes y, en especial, la incapacidad de capturar a los anteriores líderes serbobosnios, Raddovan Kardzic y Ratko Mladic, que todavía siguen en libertad. La juez abandonó el ICTY en noviembre de 1999, cuando tanto ellos como Slobodan Milosevic, que había sido acusado seis meses antes, seguían en libertad y declaró al "The Washington Post" que su libertad convierte en una burla la promesa a los futuros tiranos de que serán acusados y detenidos, y tendrán que dar cuenta de sus presuntos actos criminales y violaciones de los derechos humanos.
Aunque el libro de Neuffer se terminó después del traslado de Milosevic a La Haya, fue elaborado en su mayor parte antes de este hecho, y por eso refleja las frustraciones de los primeros años de trabajo del ICTY. En cuanto al libro de Bass "Contén el brazo de la venganza", la primera edición se había completado antes de la detención de Milosevic, y no hace por tanto ninguna mención a ello. En cambio, la segunda edición tiene un epílogo que analiza las circunstancias que rodean su imputación, cómo se realizó su arresto y traslado a La Haya y la importancia de todos estos hechos.
"Contén el brazo de la venganza" constituye un impresionante ejemplo de investigación a favor del principio que los criminales de guerra deben ser sometidos a juicio y describe el modo en el que los países democráticos han tratado esta cuestión tras los conflictos bélicos en los últimos doscientos años. El libro representa un análisis crítico de los fracasos de los tribunales para crímenes de guerra, y no deja margen para que el lector se haga ilusiones sobre la magnitud de la tarea que afronta el ICTY.
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Bass sustenta su análisis de la política sobre los juicios por crímenes de guerras en las cinco proposiciones siguientes: primero, solo los Estados democráticos con una gran tradición legal apoyan unos verdaderos tribunales para crímenes de guerra; segundo, incluso esos países no se esfuerzan en impulsar este tipo de tribunales si al hacerlo ponen en peligro a sus propios soldados; en tercer lugar, las campañas en pro de una justicia internacional son claramente parciales, pues su intensidad y efecto es mucho mayor cuando se trata de crímenes cometidos contra sus ciudadanos que no contra extranjeros; en cuarto lugar, es más probable que los Estados democráticos apoyen un tribunal para crímenes de guerra si la opinión pública en general, y no sólo una minoría, se moviliza por dichos crímenes; y en quinto y último lugar, los grupos de presión no gubernamentales pueden ser muy efectivos en sus presiones para conseguir la formación de un tribunal, haciendo que los Estados democráticos se vean moralmente obligados a intervenir y aporten su experiencia.
Resulta irónico que Milosevic sea uno de los beneficiarios del sistema legal vigente en los Estados democráticos, que le da la oportunidad de denunciar al ICTY y obliga a los fiscales a trabajar al máximo, reuniendo pruebas con sumo cuidado. Además, el hecho de que tanto él como otros sospechosos de crímenes de guerra de alto nivel no hayan sido detenidos antes, o sigan aún en libertad, está asociado con los riesgos relacionados con su arresto. Dado que los presuntos delitos de Milosevic fueron cometidos contra albaneses, croatas y musulmanes, y no contra ciudadanos de países occidentales, estos países eran lógicamente reacios a arriesgar las vidas de sus soldados para llevarlo a juicio. Aún así, la indignación popular en Occidente ante lo ocurrido en Bosnia, Croacia y Kosovo en la década de los 90 condujo a la creación del ICTY, y sigue prestando apoyo a los juicios que en él se celebran. Además, los activistas de organizaciones no gubernamentales mantienen la presión sobre los gobiernos occidentales para asegurar que se dota al ICTY de los recursos necesarios, y que cada vez comparecen ante la justicia más presuntos criminales de guerra.
El juicio contra Milosevic supone un claro hito, pero, como señala Bass, se produjeron hitos similares en el pasado sin ulteriores consecuencias. Además, se puede comprobar históricamente que la frontera entre el éxito y el fracaso en los juicios por crímenes de guerra ha sido siempre muy tenue. De hecho, sobrecoge leer cómo los juicios de Nuremberg, que la mayoría de los defensores de tribunales para crímenes de guerra ven como el mayor triunfo de la ley sobre la venganza, estuvieron a punto de no celebrarse. Si por un lado Moscú quería ejecutar tras la victoria a un gran número de nazis, también Londres reclamó la ejecución sumaria de los principales líderes de las potencias del Eje, propuesta que fue rechazada por Washington. E incluso en EEUU las opiniones estaban divididas: Henry Morgenthau Jr., Secretario del Tesoro, presionó a favor de llevar a cabo severas represalias - entre ellas 2.500 ejecuciones sumarias, sanciones económicas, traslados de poblaciones y una completa ruralización de Alemania - y Henry Stimson, Secretario de la Guerra, exigió la celebración de juicios por el respeto que existía en Estados Unidos respecto al proceso legal
Aunque Stimson triunfó en la discusión interna, en realidad la mayoría de los norteamericanos se opusieron más a la idea de una completa ruralización de Alemania, que a la forma en la iban a ser tratados los nazis derrotados. Además, Stimson pretendía juzgar a los nazis alemanes por preparar una guerra agresiva, no por el Holocausto. Aunque en la actualidad los juicios de Nuremberg se recuerdan principalmente por haber castigado los crímenes contra la humanidad - lo que constituye su mayor legado - este aspecto se consideró de importancia secundaria en su momento.
De forma similar, el problemático nacimiento del ICTY y sus primeros y difíciles años pueden resultar beneficiosos a largo plazo. De hecho, gracias al juicio de Milosevic, los defensores del ICTY aseguran que este tribunal ayudará a evitar futuros crímenes de guerra, a rehabilitar al Estado serbio, a borrar la mancha de la culpabilidad colectiva individualizando responsabilidades y a establecer la verdad de los hechos. Bass se niega a dejarse arrastrar por estas opiniones, y defiende los tribunales para crímenes de guerra como "la opción menos mala". De un modo conmovedor, dedica su libro a "la gente de Bosnia-Herzegovina. Demasiado tarde".
Christopher Bennett es director de la Revista de la OTAN y autor del libro "El sangriento colapso de Yugoslavia: sus causas, evolución y consecuencias" (New York University Press, New York, 1995).
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